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El rescate del retorno de la inversión: Prevención de la trata de personas

enero 30, 2026

Durante muchos años, la respuesta del sector financiero frente a la trata de personas ha estado determinada por las obligaciones de “detectar y reportar” derivadas de la normativa conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y de la prevención de lavado de dinero (PLD).¹ Estas herramientas siguen siendo esenciales, pero operan en gran medida después de que ya se ha producido el daño.² Como resultado, por sí solas hacen poco para abordar las condiciones económicas que, en primer lugar, vuelven vulnerables a las personas frente a la explotación.³

El marco del “rescate del retorno de la inversión”, que redefine el papel de las instituciones bancarias no solo como guardianas del capital, sino como participantes activas en la erradicación de la esclavitud moderna, propone un cambio de enfoque complementario orientado a proteger al cliente en un sentido más sustantivo.⁴ Esto significa prestar más atención a si las personas vulnerables y las sobrevivientes pueden recuperar la estabilidad financiera, reconstruir su historial crediticio y participar de forma segura en la economía formal.⁵ Para un grupo pequeño pero creciente de instituciones, esto ha impulsado una reevaluación de la forma en que se mide el éxito. En lugar de depender únicamente de resultados de cumplimiento, como el número de informes de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) presentados, estas instituciones están empezando a considerar indicadores relacionados con la inclusión financiera, la reparación crediticia y la resiliencia económica a largo plazo.⁶

Los obstáculos a los que se enfrentan los sobrevivientes son significativos. Los traficantes con frecuencia explotan o secuestran las identidades financieras de las víctimas, dejando daños duraderos en sus historiales crediticios que pueden impedir el acceso a vivienda, empleo o incluso servicios bancarios básicos.⁷ En respuesta, iniciativas como la Iniciativa de Inclusión de Sobrevivientes (SII, por sus siglas en inglés) se han centrado en restablecer el acceso a productos financieros fundamentales.⁸ A través de asociaciones con grandes bancos, la SII ha ayudado a miles de sobrevivientes a abrir cuentas y restablecer servicios financieros básicos.⁹ Si bien el acceso por sí solo no es suficiente, estos programas tienen como objetivo reducir la exclusión financiera que a menudo aumenta el riesgo de revictimización.¹⁰

Junto con el diseño de productos, la experiencia vivida por los sobrevivientes se reconoce cada vez más como un activo de gobernanza y gestión de riesgos.¹¹ Los sobrevivientes suelen estar en condiciones de identificar debilidades en las prácticas de contratación, esquemas de subcontratación y flujos financieros que son difíciles de detectar únicamente a través de datos transaccionales.¹² Cuando se integran de manera responsable, estos conocimientos pueden complementar los sistemas tradicionales de cumplimiento y mejorar la identificación de riesgos materiales para los derechos humanos dentro de cadenas de suministro complejas y marcos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).¹³

El cálculo del retorno de la inversión en este contexto debe ampliarse para incluir tanto resultados financieros como sociales. El retorno de la inversión tradicional se calcula de la siguiente manera:¹⁴

Sin embargo, en “El retorno de la inversión ”, el término “beneficios” incluye la reducción de pérdidas operativas derivadas del fraude, la disminución del costo de capital a través de mejores calificaciones ESG y el valor a largo plazo de una base de clientes leales y rehabilitados. Programas como StartRight de Scotiabank ilustran cómo funciona esta lógica en la práctica.¹⁵ Al ofrecer a personas recién llegadas —un grupo que puede enfrentar un mayor riesgo de explotación debido al desconocimiento de los sistemas financieros locales— acceso a productos de crédito sin historial crediticio nacional previo, el banco apoya la estabilidad financiera temprana al tiempo que construye relaciones de largo plazo con sus clientes.¹⁶

Si bien estas iniciativas no sustituyen la aplicación de la ley, demuestran cómo un diseño financiero inclusivo puede reforzar tanto la protección del cliente como la resiliencia institucional.

Herramientas proactivas e intervenciones digitales

Los esfuerzos por debilitar la economía de la esclavitud moderna se han enfocado cada vez más en un doble objetivo: aumentar el costo operativo y el riesgo para los traficantes, al mismo tiempo que se reducen las barreras financieras que dejan a los sobrevivientes vulnerables a una explotación adicional.¹⁷ En la práctica, esto significa combinar una detección más eficaz de actividades ilícitas con salvaguardas que permitan a las personas reincorporarse a la economía formal sin exponerlas a daños adicionales.¹⁸

La tecnología desempeña un papel cada vez mayor, aunque no autónomo, dentro de este enfoque.¹⁹ Las instituciones financieras están utilizando análisis avanzados, incluido el monitoreo de transacciones asistido por inteligencia artificial (IA) y el análisis de blockchain para comprender mejor las redes criminales e identificar patrones asociados con actividades relacionadas con la trata de personas.²⁰ Al mismo tiempo, los propios traficantes también explotan estas herramientas, en particular para la comunicación cifrada y el movimiento de fondos a través de canales digitales.²¹ Por lo tanto, el valor de la tecnología no radica en eliminar el riesgo, sino en mejorar la velocidad y la calidad de la detección cuando se combina con el juicio humano y los controles institucionales.²² La estrategia de la Comisión Europea para combatir el crimen organizado para 2021-2025 se centró específicamente en esta intersección entre la trata de personas y los productos financieros, instando a las instituciones a fortalecer sus programas de PLD a través de soluciones tecnológicas innovadoras.²³

A medida que se amplían las capacidades de supervisión, la protección de datos se convierte en una preocupación central. Las instituciones financieras que operan en este ámbito recurren cada vez más a normas establecidas de seguridad de la información y privacidad, como ISO 27001 e ISO 27701, para proteger los datos confidenciales de los clientes.²⁴ Las empresas que trabajan en cumplimiento de activos digitales, incluido TRM Labs, han señalado estos marcos y las auditorías independientes (como SOC 2 Tipo II) como mecanismos para demostrar la eficacia de los controles.²⁵ Para los sobrevivientes, cuyas identidades ya pueden haber sido comprometidas, las prácticas sólidas de privacidad y seguridad no son accesorias; son esenciales para prevenir daños adicionales y mantener la confianza.²⁶

Detección proactiva e intercambio de inteligencia

Pasar de la presentación reactiva de reportes a una identificación más proactiva del riesgo depende menos de una sola institución y más de la inteligencia compartida. En la práctica, esto implica una colaboración más estrecha entre bancos, proveedores de tecnología, la sociedad civil e iniciativas sectoriales que se centran en la trata de personas y las tipologías de delitos financieros.²⁷ Organizaciones como la Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative y la Cryptocurrency Compliance Cooperative respaldan este enfoque mediante la facilitación del intercambio de información anonimizada sobre la forma en que operan las redes de tráfico tanto en los sistemas financieros tradicionales como en los digitales.²⁸

En lugar de depender únicamente de señales aisladas de transacciones, este tipo de inteligencia compartida ayuda a las instituciones a comprender mejor los patrones de abuso, perfeccionar los indicadores de riesgo y aplicar un enfoque más genuinamente basado en el riesgo para la supervisión y el escalamiento.²⁹

Junto con la detección, el diseño financiero inclusivo puede desempeñar una función preventiva. Modelos en etapa inicial, como los programas piloto de préstamos respaldados por migrantes de SympliFi en el corredor UE-Senegal, ilustran cómo los productos financieros formales pueden comenzar a reemplazar esquemas informales y de alto riesgo.³⁰ Estos productos permiten a los migrantes en Europa realizar depósitos reembolsables que ayudan a garantizar pequeños préstamos para familiares en sus países de origen. Si bien todavía son de alcance limitado, estos modelos ofrecen una vía para que prestatarios primerizos accedan al crédito y construyan historial financiero, reduciendo la dependencia de prestamistas informales que a menudo utilizan la deuda como mecanismo de control.³¹

Implementación global: de México a Perú

En la práctica, el enfoque de “El retorno de la inversión” adopta formas distintas según la región, pero apunta consistentemente al mismo problema: la vulnerabilidad económica estructural.³²

En la India, donde la informalidad sigue siendo un factor importante del trabajo forzoso, los esfuerzos se han centrado en vincular más estrechamente las microfinanzas con el sistema bancario formal como una forma de reducir la dependencia de trabajos explotadores.³³

En Perú, las alianzas entre instituciones financieras y la sociedad civil, incluida la colaboración de Scotiabank con CARE Perú, han combinado educación financiera con acceso a microcrédito para apoyar actividades generadoras de ingresos en la agricultura y otros sectores locales.³⁴

En México, las iniciativas han puesto énfasis en la colaboración público-privada para ampliar el acceso financiero de los sobrevivientes, junto con estructuras de cuentas simplificadas que reducen las barreras de documentación. Estos enfoques reflejan un reconocimiento compartido de que la pobreza, la exclusión y la falta de acceso a la justicia son factores clave de la retrata.³⁵

Si bien los resultados varían según el contexto, las investigaciones muestran de manera constante que mejores oportunidades económicas y mayores protecciones laborales están asociadas con un menor riesgo de trata.³⁶ En conjunto, estos casos refuerzan un punto central: la inclusión financiera no es solo una intervención social, sino también una herramienta práctica para reducir la vulnerabilidad frente a la esclavitud moderna.³⁷

Superar los obstáculos internos

La transición hacia un modelo proactivo no está exenta de desafíos. Las instituciones financieras a menudo enfrentan dificultades relacionadas con los “silos de datos” y métricas incoherentes, lo que puede generar una visión fragmentada del riesgo.³⁸

Además, la complejidad de la IA generativa plantea nuevos obstáculos para cuantificar el retorno de la inversión, ya que los rendimientos de estos sistemas avanzados suelen ser menos inmediatos y más difíciles de medir que los del aprendizaje automático tradicional.³⁹ Para superar estos problemas, se recomienda que los bancos centralicen su gobernanza de datos y automaticen la sincronización de la información para garantizar que todos los equipos operen a partir de una única y precisa “fuente de verdad” en relación con el comportamiento de los clientes y los indicadores de riesgo.⁴⁰

La gestión eficaz del desempeño en este ámbito requiere definir explícitamente las funciones y responsabilidades. Por ejemplo, un cajero bancario debe contar con diferentes indicadores clave de desempeño (KPI, por sus siglas en inglés), relacionados con la detección puntual de señales de alerta conductuales, en comparación con un ejecutivo de préstamos comerciales que supervisa el financiamiento de cadenas de suministro para detectar riesgos de trabajo forzoso.⁴¹ La capacitación frecuente sobre posibles señales de alerta e indicadores conductuales garantiza que la trata de personas no pase desapercibida y se destaque adecuadamente para su investigación.⁴²

Evolución regulatoria y el camino a seguir

El entorno regulatorio también está evolucionando para respaldar el marco de “El retorno de la inversión”. La Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido del 2015 y la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea representan pasos fundamentales para responsabilizar a las corporaciones y a los actores financieros por abusos contra los derechos humanos en sus cadenas de suministro.⁴³ Estas leyes requieren transparencia y debida diligencia, lo que alienta a las empresas a ir más allá de un enfoque de cumplimiento de “marcar casillas” hacia una presentación de informes de impacto significativo.⁴⁴

Además, el Informe sobre la Trata de Personas 2025 destaca la importancia del “principio de no sanción”, que afirma que los sobrevivientes no deben ser penalizados por los delitos que fueron obligados a cometer por sus tratantes.⁴⁵ Para el sector bancario, esto significa garantizar que un antecedente penal, especialmente uno relacionado con “fraude forzado”, no dé lugar automáticamente a una exclusión permanente de los servicios financieros.⁴⁶ En cambio, las instituciones deben adoptar modelos de financiamiento flexibles y basados en la confianza, así como productos financieros personalizados que prioricen la accesibilidad para los sobrevivientes.⁴⁷

La síntesis de estos esfuerzos —tecnológicos, culturales y regulatorios— crea una estrategia integral para “asfixiar” el mercado de la esclavitud moderna. Al integrar a los sobrevivientes en la economía formal y proporcionarles herramientas para lograr independencia financiera, el sector bancario global no solo contribuye a restaurar la vida de las personas, sino que también refuerza la integridad de todo el sistema financiero.⁴⁸

La importancia estratégica del mes de la prevención de la trata de personas

La designación de enero como Mes de la Prevención de la Trata de Personas ofrece a las instituciones financieras una oportunidad práctica para reflexionar sobre la eficacia con la que sus políticas se traducen en protección para los clientes vulnerables. Para los bancos que están explorando enfoques centrados en los sobrevivientes, este período puede servir como un espacio de pruebas para alianzas, revisiones internas y programas piloto centrados en la inclusión financiera.⁴⁹ A medida que la volatilidad económica incrementa el riesgo de explotación, la capacidad de ofrecer vías financieras estables y accesibles adquiere una importancia especial.⁵⁰

Las instituciones que participan en iniciativas como la Financiación contra la esclavitud y la trata de personas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que moviliza a actores financieros públicos y privados para abordar las vulnerabilidades sistémicas que refuerzan la esclavitud, consideran cada vez más los esfuerzos contra la trata no como ejercicios aislados de cumplimiento, sino como parte de estrategias más amplias de derechos humanos y sostenibilidad.⁵¹ Alinear la inclusión financiera con los objetivos ESG y con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU permite dirigir el capital hacia modelos que respalden la resiliencia social y económica a largo plazo, en lugar de una transferencia de riesgo de corto plazo.⁵²

Empoderamiento financiero integrado y reintegración

El empoderamiento económico no es una intervención única, sino un proceso a largo plazo que comienza cuando un sobreviviente sale de la explotación y continúa durante la recuperación.⁵³ El acceso a servicios financieros estables, la educación financiera y las oportunidades de empleo son componentes necesarios.⁵⁴ Los programas que se centran únicamente en el alivio inmediato, sin abordar la independencia económica a largo plazo, a menudo dejan a los sobrevivientes expuestos a una nueva explotación.⁵⁵

En este punto, el sector privado desempeña un papel fundamental. Más allá del acceso a la banca, las iniciativas de contratación inclusiva de sobrevivientes y de emprendimiento ayudan a garantizar el acceso a salarios justos y oportunidades de generación de patrimonio.⁵⁶ Cuando los sobrevivientes pueden lograr una estabilidad financiera sostenida, el riesgo de volver a la trata disminuye, rompiendo un ciclo que impone costos sociales y económicos significativos.⁵⁷

Conclusión y recomendaciones

Para lograrlo, las instituciones financieras deben hacer lo siguiente:

cambiar el enfoque desde resultados de cumplimiento limitados hacia la protección del cliente y la resiliencia económica a largo plazo;
utilizar la tecnología con cautela y propósito, combinando el análisis con gobernanza, privacidad y juicio humano;
diseñar productos financieros inclusivos que reduzcan la dependencia de préstamos informales y explotadores;
considerar la experiencia vivida como una fuente de conocimiento, y no como una anécdota, dentro de la evaluación de riesgos y la gobernanza.

Shruti Katiyar, abogada e investigadora (cumplimiento de delitos financieros), independiente, MA, EE. UU., Shrutikatiyar27@gmail.com,