Brechas en la propiedad real empañan la sólida evaluación de Italia por parte de GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional calificó las defensas y los esfuerzos de Italia contra las finanzas ilícitas como ampliamente eficaces después de una evaluación realizada el año pasado, aunque criticó al país por bloquear el acceso a una base de datos nacional de propietarios reales, incluso para las autoridades de aplicación de la ley. 

En un informe de 264 páginas sobre la evaluación publicado el jueves, la organización, también conocida como GAFI, destacó la calidad con la que los supervisores en Italia supervisan a las empresas de servicios financieros con fines de prevención de lavado de dinero, así como la “sofisticada coordinación” entre investigadores y otras autoridades públicas durante casos complejos de lavado de dinero vinculados a organizaciones criminales. 

Sin embargo, GAFI concluyó que la decisión de Italia de responder a una impugnación legal suspendiendo el registro nacional de propietarios reales y deteniendo la recopilación de información adicional ha obstaculizado los esfuerzos del país para rastrear las finanzas de esas mismas organizaciones criminales. 

“Italia ha demostrado un firme compromiso para recuperar fondos perdidos a causa del crimen organizado, y las autoridades italianas cuentan con las herramientas y capacidades investigativas necesarias para perseguir y confiscar activos ilícitos”, afirmó el jueves la presidenta de GAFI, Eliza de Anda Madrazo. “Italia debe mantener este impulso y cerrar las brechas restantes que los delincuentes buscan explotar”. 

En total, GAFI calificó a Italia con un nivel “sustancial” —la segunda puntuación más alta posible— en ocho resultados de eficacia, incluidos supervisión financiera, uso de inteligencia financiera y persecución de casos contra lavadores de dinero; y con un nivel “moderado” —la segunda puntuación más baja— en los tres restantes, incluida la transparencia corporativa, que abarca la propiedad real. 

Italia también fue calificada como “cumplidora” o “mayormente cumplidora” en 36 de las 40 normas técnicas del grupo, y las brechas se identificaron únicamente en transparencia corporativa, banca corresponsal y personas políticamente expuestas. 

Las autoridades italianas suspendieron el registro de propietarios reales en octubre del 2024 después de que proveedores de servicios corporativos y las asociaciones comerciales que los representan impugnaran la legalidad de la base de datos en un caso actualmente pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo.     

La decisión obligó a los investigadores italianos y a la Unidad de inteligencia financiera de Italia, la UIF, a depender del registro nacional de empresas, el Registro delle Imprese, para obtener información sobre la titularidad corporativa, así como de solicitudes caso por caso de información equivalente a contrapartes extranjeras e instituciones sujetas a regulación en materia de PLD/FT. 

“Aunque la información contenida en el registro de empresas […] parece útil, no incluye información sobre derechos de voto [de los accionistas] ni otros tipos de control”, concluyó GAFI tras una visita in situ a Italia en junio del año pasado. 

La organización pidió a Italia que restableciera el acceso al registro de propietarios reales o que encontrara medios alternativos para que las autoridades públicas obtuvieran dicha información de manera eficaz y oportuna. 

La mayor parte de la capacidad para obligar a una reversión de esta decisión no recae en GAFI, sino en la Unión Europea, que ya ordenó a los gobiernos nacionales reabrir sus registros de propiedad real a autoridades públicas, instituciones reguladas en materia de PLD, periodistas y otras partes con un “interés legítimo” antes de julio. 

Madurez 

GAFI señaló el jueves que, aunque las organizaciones criminales representan una amenaza grave y bien documentada en Italia, distintas agencias colaboran para llevarlas ante la justicia y, al mismo tiempo, demuestran una comprensión “sólida” de sus finanzas. 

El grupo elogió particularmente la creación del Comité de Seguridad Financiera, un foro a través del cual la Guardia di Finanza de Italia y otras agencias persiguen casos relacionados con finanzas ilícitas “en paralelo” con sus investigaciones sobre crimen organizado.  

“Esto ha dado lugar a un número significativo de procesamientos y condenas por lavado de dinero”, concluyó GAFI. 

GAFI también destacó el “papel central y eficaz” de la UIF en la lucha contra las finanzas ilícitas, así como la metodología “sólida, bien definida e integral” que utilizan las autoridades italianas al evaluar las vulnerabilidades particulares del país frente a fondos generados ilegalmente. 

“El informe confirma la madurez y las capacidades bien desarrolladas de Italia, resultado de las importantes amenazas que el país ha enfrentado durante casi un siglo, especialmente por parte de las mafias”, declaró Michele Riccardi, subdirector de Transcrime, un centro académico de investigación en Milán, a ACAMS moneylaundering.com. 

Entre las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas en Italia (DNFBP, por sus siglas en inglés), únicamente los notarios y auditores muestran una comprensión sólida de los riesgos relacionados con delitos financieros. En contraste, los abogados y profesionales del sector inmobiliario tienden a depender de los bancos y otras partes para detectar y reportar transacciones sospechosas. 

GAFI también determinó que la Guardia di Finanza, encargada de supervisar a las DNFBP, depende en exceso de procedimientos prolongados y multas para disuadir las infracciones y promover el cumplimiento, e instó a la agencia a utilizar con mayor frecuencia medidas correctivas y orientación personalizada para ese propósito. 

Mirco di Lorenzo, consultor de JS Italy en Roma, afirmó que las conclusiones de GAFI reflejan la realidad en la práctica. 

“El sistema funciona muy bien en el lado de la respuesta investigativa y judicial, pero es menos eficaz en el sentido ascendente, particularmente en términos de transparencia [corporativa] y prevención [de delitos financieros]”, señaló di Lorenzo. 

Comuníquese con Gabriel Vedrenne en gvedrenne@acams.org 

• Temas: Reglamentos y legislaciones en materia de PLA, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
• Document Date: abril 23, 2026